Reforma a las pensiones. Una lectura política entre Francia y Colombia

Las personas de mi generación y en adelante de forma generalizada, y no queriendo totalizar la toma de postura, manifestamos cierto desinterés cuando se habla de pensiones. La frase que siempre sale es “en todo caso ni me voy a pensionar” y lo decimos con una convencida desesperanza, producto del proceso de desmonte de la seguridad social que se aceleró con la liberalización de los mercados y el consenso de Washington. Por tanto, la reforma al sistema pensional del gobierno Petro, sembró cierto interés en el asunto, y nos puso a discutir sobre lo que significa tener garantías para una vejez digna.

Esta misma afirmación la he escuchado en Francia. En el año 2023, el gobierno de Macron, haciendo uso de una facultad constitucional que le permitió obviar el debate parlamentario, puso en marcha una reforma a la ley de pensiones, la cual tenía por objeto aumentar la edad de pensiones, pasando de 62 a 64 años, así como el tiempo de cotización, de 42 a 43 años.

El argumento del gobierno es la futura insostenibilidad del sistema, teniendo en cuenta que la población envejece, la tasa de natalidad disminuye, y el número de personas que trabajan, y por lo tanto, cotizan, también se ve disminuido. De acuerdo a un informe de una comisión de expertos, el gasto en pensiones en 2032 equivaldría al 14,7 por ciento del producto interno bruto y ya no al 13,8 por ciento, como ocurre actualmente. Jean-Marc Daniel, profesor de Economía en la Escuela de Negocios ESCP de París, afirmó que “En 1950, cuatro trabajadores financiaban a un pensionado, en el 2000 eran sólo dos y en el 2040 serán 1,3” lo cual hace el sistema insostenible y demuestra la necesidad de prolongar el tiempo de vida dedicado al trabajo.

Por su parte, organizaciones como la OXFAM, advierten que este tipo de medidas no solo son impopulares y antidemocráticas, sino que agravan las condiciones de vida de las personas menos favorecidas. Señalan que la diferencia en la esperanza de vida entre los más ricos y los mas pobres es de 13 años, sin embargo, las personas más ricas poseen un patrimonio que les permite asegurar una vejez digna sin recurrir a la solidaridad nacional, como es el caso de las personas pobres y en condición de vejez. En ese contexto, las personas pobres no solo tienen menor esperanza de vida, sino que deben permanecer mayor tiempo de su vida en trabajos precarizados y de mayor exigencia física.

Por tanto, la discusión sobre la sostenibilidad del sistema, es más una discusión sobre las fuentes de financiación. Según el sindicato “Confederación General del Trabajo”, el Estado francés gasta 157.000 millones de euros en ayudas a las empresas, mientras que la evasión fiscal supone unas pérdidas de 100.000 millones. Desde 2020, la reducción de los impuestos a la producción implica un coste de 15.000 millones al año (8.000 millones en 2023-2024). La eliminación del CVAE (cotización al valor agregado de las empresas)  resta otros 8.000 millones anuales.

Las rebajas fiscales dirigidas a los más ricos (supresión del impuesto a la fortuna, flat tax, reducción del Impuesto de renta) privan al Estado de 16.000 millones cada año. Además, las llamadas “niches sociales” y exenciones de cotizaciones patronales alcanzan los 64.000 millones.

En comparación, los multimillonarios franceses acumulan una fortuna estimada en 544.500 millones de euros. Desde 2020, el 1%  de los más ricos acumulan dos terceras partes de la riqueza generada en el país. Elegir aumentar el tiempo de trabajo para acceder a la pensión, en vez de cobrar impuestos a los grandes capitales, es una elección política que pone el peso del lado de la balanza en donde se encuentran quienes sufren las consecuencias de la desigualdad.

Mientras el presidente Macron eligió afectar a la clase trabajadora aumentando la edad de las pensiones, en Colombia el gobierno del presidente Petro privilegió la creación de un sistema de pensiones basado en la solidaridad, que no solo reduce el tiempo para acceder a la pensión, sino que amplia las prestaciones, incluye consideraciones especiales hacia las mujeres, y además permite cubrir a personas que antes no participaban del sistema.

El reto será ahora encontrar los recursos para hacerlo sostenible, lo cual no es un tema menor, teniendo en cuenta el déficit fiscal que enfrenta el país, y la dificultad política que hay para negociar con los empresarios nacionales. Estos tres años de gobierno han demostrado que la transformación del país va necesitar más que la voluntad política del gobierno de turno.

Esperemos que podamos cambiar el “en toda caso ni me voy a pensionar” por “ hay que promover el fortalecimiento de las instituciones y la democracia para que el derecho a una vejez digna no sea un privilegio de unos pocos” , y así con todos los derechos que siguen siendo privilegios.